Martes 13 de Agosto de 2013 13:20
Entrevista con el fiscal Abel Córdoba, titular de la
Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). "Hoy hay una
realidad del sistema judicial que es funcional a la tortura".
Por Nicolás Bondarovsky
AGENCIA PACO URONDO: Hace cinco meses que se creó la Procuraduría...
Abel Córdoba: Sí, desde mediados de marzo que estamos en funciones, a
partir de una decisión de abordar los puntos más relevantes de la
violencia institucional. A partir de índices escandalosos de una
realidad de muertes y torturas muy grave y seguidas de faltas de
respuestas judiciales. Se pusieron en marcha los equipos para abordar
situaciones que se dan en los centros de detención y en los penales en
distintos lugares del país y también con las causas de las víctimas del
despliegue policial ilícito.
APU: ¿Con qué se encontró?
AC: Como funcionario judicial tenía un conocimiento del panorama
dentro de lo que es la violencia institucional, sin embargo la realidad
que vamos encontrando es muy grave. El promedio de muertes dentro de
centros de detenciones es de una muerte cada 37 horas en lugares de
encierro de todo el país. Eso es seguido de una tramitación judicial
deficiente, con lo cual, en su gran mayoría son impunes que afectan a
los sectores más vulnerables de la población y que hasta el momento no
ha habido una respuesta que tienda a mejorar la situación en estos
casos.
Eso tiene que ver con que estos hechos suelen ser vistos como
consecuencia de la actividad de la institución, cumpliendo sus propios
fines, es decir, la cárcel cumpliendo su rol de asegurar la ejecución de
la pena. La policía debe asegurar la seguridad de no generar víctimas
pero eso está lejos de ser una realidad encausada en el marco de la ley.
Una persona que hoy es condenada a la cárcel, se sabe que entra dentro
de una posible aplicación de la pena de muerte aleatoria que va a
afectar a una de las personas que está detenida, no se sabe cuál pero sí
que el entorno violento determina que las muertes tengan esos índices.
Al mismo tiempo, estamos trabajando mucho en mejorar el modo de la
actividad judicial para contemplar la gravedad de los hechos. Las
muertes que hasta el momento uno advierte no tienen el mismo valor que
las de clase media, lo cual, genera una negación de justicia, un bloqueo
al acceso de la justicia.
APU: ¿Cuándo habla de lugares de encierro se refiere exclusivamente al Servicio Penitenciario Federal?
AC: Estos meses hemos hecho diferentes inspecciones en cárceles del
Servicio Penitenciario Federal (SPF). En Ezeiza, hemos inspeccionado
cárceles en Mendoza, en Córdoba, en Chaco, todas dependientes tanto del
SPF como en Gendarmería. Cuando hablo de esto me refiero a todos los
lugares de encierro, no sólo federales, sino también provinciales.
Además, la problemática de violencia institucional que tiene un mayor
despliegue, tiene que ver muchas veces con policías provinciales. Esto
ocurre ahora en muchas provincias donde el despliegue violento de las
fuerzas de seguridad está originando un sin número de víctimas en
diferentes lugares.
APU: PROCUVIN tiene la facultad de inspeccionar sin aviso, es decir, de inspecciones sorpresas...
AC: Sí, no sólo la facultad sino que como fiscales tenemos la
obligación de ir y en ese sentido, la estrategia de actuación y de
establecer políticas concretas que impliquen la presencia de
funcionarios y jueces en las cárceles. Es una constante hasta el
momento, nosotros nos entrevistamos con detenidos de todo el país y una
de las preguntas es si alguna vez vio al fiscal o al juez, incluso si
vio al defensor. Obviamente, diría que la inmensa mayoría nunca vio al
juez en esos lugares, no sabe quién es el fiscal y en muchos casos ni
siquiera conocen al defensor, con lo cual, es desprotección y es dejar
en manos de una institución violenta la ejecución de la pena que debería
ser judicial. En esos términos hay una falta muy grave de los órganos
estatales y viene a ratificar la necesidad de una reforma planteada
desde diferentes ámbitos. La necesidad de democratizar la justicia, está
íntimamente relacionada con la necesidad de democratizar el
funcionamiento policial y la dinámica penitenciaria. Esos tres ámbitos
están relacionados y son los que originan este número de víctimas. Hemos
tenido que calificar de condiciones infrazoológicas en las cuales se
tienen encerrada a las personas privadas de libertad. Esto es lo grave y
el Sistema Judicial viene tolerando, son lugares donde la vida no es
viable y el único límite a la crueldad que vemos es la resistencia de la
biología de las personas. Si le preguntan a un médico penitenciario el
motivo por el cual no tiene más víctimas en esa cárcel, la respuesta
suele ser: porque son jóvenes y su biología aguanta.
APU: Recién hablaba de las inspecciones. No recuerdo que muchos fiscales hayan visitado cárceles...
AC: Justamente es uno de los grandes cambios que vamos a implementar y
ya lo estamos haciendo: incorporar al ámbito de trabajo de un fiscal
que no sólo debe ser la oficina y la audiencia, sino que estamos
acusando personas que luego son encarceladas y se ven sometidas a
condiciones inhumanas. En ese sentido, es prioritario que los fiscales
concurran a las cárceles junto con los jueces en tarea de inspección.
Tal es así que en la Procuraduría en la cuarta inspección ya hemos
encontrado elementos de tortura como si estuviésemos en la edad media.
Hoy hay una realidad del sistema judicial que es funcional a la
tortura. Incluso estos datos y elementos de tortura han estado a la
vista de otros funcionarios y no ha habido ningún tipo de reacción. A
partir de nuestra intervención se amplía la agenda judicial y se
prioriza una actuación indigente que tiende a valorar a las personas que
son afectadas por estos hechos. Más allá de estas inspecciones, hemos
estado interviniendo en diferentes expedientes y uno es el de Carballo,
que con sólo 17 años fue muerto en un recital de “Viejas Locas” en Vélez
y en estos días estamos impulsando la causa. Lo propio ocurrió con la
represión en el Borda, ahí hubo una actuación de la Procuraduría
tendiente a asistir a los fiscales que estaban investigando esos hechos.
Así también, en otros hechos como ser las capturas en el norte de Santa
Fe y otras situaciones que se dan en todo el país. Un hecho relevante
también fue lo de San Juan, donde se incapacitó a un detenido a golpes y
se lo arrancó del hospital.
APU: Últimamente hubo varios casos, dos en Río Negro, una
paliza a menores en Bariloche, una muerte en Cipolletti y hace poco se
conoció un video de unos policías en Salta, torturando a un chico.
AC: En esos casos nuestro enfoque tiene que ver con políticas
unificadas de actuación que son las que van a dar resultado. En ese
plano, a partir de estas intervenciones hemos podido avanzar en los
diferentes pabellones de la Unidad 7 de Chaco. Ha habido también
clausura de un centro de detención en Salta, hay disposiciones de los
jueces de ejecución penal que ya indica que hay límites al poder
punitivo en temas de traslados, de alojamientos de personas. Empieza a
adecuarse lentamente la situación que es el aspecto más rezagado de la
institución carcelaria argentina y tiene que ver con la policía y la
justicia.
APU: ¿Le ve futuro a PROCUVIN?
AC: Entiendo que esta gravedad de los hechos y a partir de estar en
agenda va a marcar una necesidad de redoblar los esfuerzos y los
recursos en esta materia que viene a ser, incluso, la que puede llegar a
originar condenas internacionales contra la Argentina. Por otro lado,
los resultados que venimos teniendo son muy claros y a la vez ameritarán
una continuidad en el tiempo porque son realidades que no son
suprimibles. La violencia no es un fenómeno erradicable, sino que es
limitable y en ese sentido se puede avanzar y ya hemos avanzado, con lo
cual, entiendo que sí.