"El promedio de muertes dentro de las cárceles es de una cada 37 horas"

Martes 13 de Agosto de 2013 13:20

Entrevista con el fiscal Abel Córdoba, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). "Hoy hay una realidad del sistema judicial que es funcional a la tortura".

Por Nicolás Bondarovsky

AGENCIA PACO URONDO: Hace cinco meses que se creó la Procuraduría...

Abel Córdoba: Sí, desde mediados de marzo que estamos en funciones, a partir de una decisión de abordar los puntos más relevantes de la violencia institucional. A partir de índices escandalosos de una realidad de muertes y torturas muy grave y seguidas de faltas de respuestas judiciales. Se pusieron en marcha los equipos para abordar situaciones que se dan en los centros de detención y en los penales en distintos lugares del país y también con las causas de las víctimas del despliegue policial ilícito.

APU: ¿Con qué se encontró?

AC: Como funcionario judicial tenía un conocimiento del panorama dentro de lo que es la violencia institucional, sin embargo la realidad que vamos encontrando es muy grave. El promedio de muertes dentro de centros de detenciones es de una muerte cada 37 horas en lugares de encierro de todo el país. Eso es seguido de una tramitación judicial deficiente, con lo cual, en su gran mayoría son impunes que afectan a los sectores más vulnerables de la población y que hasta el momento no ha habido una respuesta que tienda a mejorar la situación en estos casos.

Eso tiene que ver con que estos hechos suelen ser vistos como consecuencia de la actividad de la institución, cumpliendo sus propios fines, es decir, la cárcel cumpliendo su rol de asegurar la ejecución de la pena. La policía debe asegurar la seguridad de no generar víctimas pero eso está lejos de ser una realidad encausada en el marco de la ley. Una persona que hoy es condenada a la cárcel, se sabe que entra dentro de una posible aplicación de la pena de muerte aleatoria que va a afectar a una de las personas que está detenida, no se sabe cuál pero sí que el entorno violento determina que las muertes tengan esos índices. Al mismo tiempo, estamos trabajando mucho en mejorar el modo de la actividad judicial para contemplar la gravedad de los hechos. Las muertes que hasta el momento uno advierte no tienen el mismo valor que las de clase media, lo cual, genera una negación de justicia, un bloqueo al acceso de la justicia.

APU: ¿Cuándo habla de lugares de encierro se refiere exclusivamente al Servicio Penitenciario Federal?

AC: Estos meses hemos hecho diferentes inspecciones en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En Ezeiza, hemos inspeccionado cárceles en Mendoza, en Córdoba, en Chaco, todas dependientes tanto del SPF como en Gendarmería. Cuando hablo de esto me refiero a todos los lugares de encierro, no sólo federales, sino también provinciales. Además, la problemática de violencia institucional que tiene un mayor despliegue, tiene que ver muchas veces con policías provinciales. Esto ocurre ahora en muchas provincias donde el despliegue violento de las fuerzas de seguridad está originando un sin número de víctimas en diferentes lugares.

APU: PROCUVIN tiene la facultad de inspeccionar sin aviso, es decir, de inspecciones sorpresas...

AC: Sí, no sólo la facultad sino que como fiscales tenemos la obligación de ir y en ese sentido, la estrategia de actuación y de establecer políticas concretas que impliquen la presencia de funcionarios y jueces en las cárceles. Es una constante hasta el momento, nosotros nos entrevistamos con detenidos de todo el país y una de las preguntas es si alguna vez vio al fiscal o al juez, incluso si vio al defensor. Obviamente, diría que la inmensa mayoría nunca vio al juez en esos lugares, no sabe quién es el fiscal y en muchos casos ni siquiera conocen al defensor, con lo cual, es desprotección y es dejar en manos de una institución violenta la ejecución de la pena que debería ser judicial. En esos términos hay una falta muy grave de los órganos estatales y viene a ratificar la necesidad de una reforma planteada desde diferentes ámbitos. La necesidad de democratizar la justicia, está íntimamente relacionada con la necesidad de democratizar el funcionamiento policial y la dinámica penitenciaria. Esos tres ámbitos están relacionados y son los que originan este número de víctimas. Hemos tenido que calificar de condiciones infrazoológicas en las cuales se tienen encerrada a las personas privadas de libertad. Esto es lo grave y el Sistema Judicial viene tolerando, son lugares donde la vida no es viable y el único límite a la crueldad que vemos es la resistencia de la biología de las personas. Si le preguntan a un médico penitenciario el motivo por el cual no tiene más víctimas en esa cárcel, la respuesta suele ser: porque son jóvenes y su biología aguanta.

APU: Recién hablaba de las inspecciones. No recuerdo que muchos fiscales hayan visitado cárceles...

AC: Justamente es uno de los grandes cambios que vamos a implementar y ya lo estamos haciendo: incorporar al ámbito de trabajo de un fiscal que no sólo debe ser la oficina y la audiencia, sino que estamos acusando personas que luego son encarceladas y se ven sometidas a condiciones inhumanas. En ese sentido, es prioritario que los fiscales concurran a las cárceles junto con los jueces en tarea de inspección. Tal es así que en la Procuraduría en la cuarta inspección ya hemos encontrado elementos de tortura como si estuviésemos en la edad media.

Hoy hay una realidad del sistema judicial que es funcional a la tortura. Incluso estos datos y elementos de tortura han estado a la vista de otros funcionarios y no ha habido ningún tipo de reacción. A partir de nuestra intervención se amplía la agenda judicial y se prioriza una actuación indigente que tiende a valorar a las personas que son afectadas por estos hechos. Más allá de estas inspecciones, hemos estado interviniendo en diferentes expedientes y uno es el de Carballo, que con sólo 17 años fue muerto en un recital de “Viejas Locas” en Vélez y en estos días estamos impulsando la causa. Lo propio ocurrió con la represión en el Borda, ahí hubo una actuación de la Procuraduría tendiente a asistir a los fiscales que estaban investigando esos hechos. Así también, en otros hechos como ser las capturas en el norte de Santa Fe y otras situaciones que se dan en todo el país. Un hecho relevante también fue lo de San Juan, donde se incapacitó a un detenido a golpes y se lo arrancó del hospital.

APU: Últimamente hubo varios casos, dos en Río Negro, una paliza a menores en Bariloche, una muerte en Cipolletti y hace poco se conoció un video de unos policías en Salta, torturando a un chico.

AC: En esos casos nuestro enfoque tiene que ver con políticas unificadas de actuación que son las que van a dar resultado. En ese plano, a partir de estas intervenciones hemos podido avanzar en los diferentes pabellones de la Unidad 7 de Chaco. Ha habido también clausura de un centro de detención en Salta, hay disposiciones de los jueces de ejecución penal que ya indica que hay límites al poder punitivo en temas de traslados, de alojamientos de personas. Empieza a adecuarse lentamente la situación que es el aspecto más rezagado de la institución carcelaria argentina y tiene que ver con la policía y la justicia.

APU: ¿Le ve futuro a PROCUVIN?

AC: Entiendo que esta gravedad de los hechos y a partir de estar en agenda va a marcar una necesidad de redoblar los esfuerzos y los recursos en esta materia que viene a ser, incluso, la que puede llegar a originar condenas internacionales contra la Argentina. Por otro lado, los resultados que venimos teniendo son muy claros y a la vez ameritarán una continuidad en el tiempo porque son realidades que no son suprimibles. La violencia no es un fenómeno erradicable, sino que es limitable y en ese sentido se puede avanzar y ya hemos avanzado, con lo cual, entiendo que sí.